Sala de consulta

Papel resolutivo de la Sala de Consulta

Andrés Rojas

Partiendo del PARÁGRAFO 2o, “A invitación de la Sala, los Ministros, los Jefes de Departamento Administrativo, y los funcionarios que unos y otros requieran, podrán concurrir a las deliberaciones del Consejo de Estado cuando este haya de ejercer su función consultiva, pero la votación de los Magistrados se hará una vez que todos se hayan retirado. La Sala realizará las audiencias y requerirá las informaciones y documentación que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones”, la Sala de Consulta, parte de la Corte Suprema de Justicia, recibió un caso cuto orientado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 112.

Es por esto que los 6 magistrados de la Sala de Consulta tomaron la decisión de invitar a un funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud, para que opine acerca de la participación de la Superintendencia acerca de la toma de posesión. La representante expresó su preocupación y aclaró firmemente que obligatoriamente se debía tomar posesión acerca de cualquier incumplimiento en alguna entidad pública. La sala decide que hay suficiente ilustración, y se mantienen firmemente en que la toma de posesión es la última instancia. Con el fin de resolver el dicho argumento, los magistrados se ocuparon en responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cualquier incumplimiento en las obligaciones que la ley le impone a los actores del Sistema de Salud, de acuerdo con su rol y competencias, genera automáticamente una causal válida para la toma de posesión? NO
2. ¿La medida de toma de posesión tiene un carácter extremo que obliga a un examen de proporcionalidad entre esta y las otras medidas que consagra la ley, de forma tal que su imposición solo será posible cuando la gravedad de la situación lo imponga por la insuficiencia razonada de otras medidas? Sí
3. Teniendo en cuenta que la toma de posesión es una medida extrema, que procede cuando se han agotado todas las alternativas para recuperar la empresa (Sentencia C-780 de 2001), ¿Es demandable el acto administrativo que recurre a las medidas de toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento, cuando existen otras alternativas más proporcionales, frente a una situación crítica de la empresa, que ponderan principios constitucionales como la confianza legítima y la libertad de empresa, por no estar suficientemente motivado o por desviación de poder afectando la validez del acto? Sí